En el país se estima que existen 32 millones de viviendas particulares habitadas de acuerdo con la Encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 98.7% de ellas cuentan con electricidad. Actualmente, esas casas o departamentos, sean de construcción nueva o ya existente, no cuentan con una evaluación que determine las condiciones de tú instalación eléctrica, por lo que tú protección y la de tú patrimonio son vulnerables ante cualquier situación de emergencia al no conocer la condición de riesgo en la que se encuentran.

Hoy existen viviendas, tanto nuevas como en uso, que son construidas de manera formal por una constructora bajo la supervisión de un experto o mediante la auto-construcción, y que pueden tener una instalación eléctrica fuera del cumplimiento normativo. Una de las principales razones es la asignación de costos mínimos aplicados al proyecto, lo que se traduce en un diseño incorrecto y en la mala calidad de los materiales, sean estos ilegales o que no cuenten con certificación nacional de productos para su uso seguro. Lo anterior, junto con la antigüedad de las instalaciones en el caso de viviendas ya existentes, suman a una o varias condiciones de riesgo.